Sin derechos políticos no hay ruta electoral

 

Los últimos días, la gira nos llevó a Coro, en Falcón, y a Valle de la Pascua, en Guárico, donde el sábado nos reunimos en la Cámara de Comercio. En ambas ciudades convocaron el Programa de Organización Ciudadana y los Colegios de Abogados, y en ambas salas estaban los mismos rostros que se repiten en todo el país: líderes sociales y políticos, diputados de la Asamblea Nacional 2015, familiares de presos políticos y periodistas locales. Y en ambas se hizo la misma pregunta, con distintas palabras: ¿Cuándo votamos?

Mi respuesta fue la misma en los dos lugares, y la quiero dejar escrita: cualquier ruta electoral necesita condiciones integrales. No basta con fijar una fecha. Hay que desmontar primero los obstáculos que el régimen construyó durante veintisiete años para que votar no sirviera y también fuera un ejercicio ciudadano, casi que imposible.  Por eso este ciclo de la negociación trata las garantías civiles y políticas, y por eso conviene explicar con precisión cómo funciona lo que hay que desmontar. No es una sola barrera. Es un sistema interconectado de tres trampas.

Primera trampa: la inhabilitación administrativa

Es la clásica, la que conocemos todos. El artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República faculta al Contralor para inhabilitar a un ciudadano para el ejercicio de funciones públicas hasta por quince años, sin juicio y sin condena. Fue la herramienta que se usó contra la hoy Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y contra cientos de dirigentes políticos y sociales.

Esa norma choca con tres barreras jurídicas que nunca debió saltar. La Constitución, en su artículo 42, establece que el ejercicio de la ciudadanía o de los derechos políticos sólo puede suspenderse por sentencia judicial firme. El Código Penal, en su artículo 24, dispone que la inhabilitación política no puede imponerse como pena principal, sino solo como accesoria de las penas de presidio o prisión. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23.2, permite restringir los derechos políticos únicamente por condena dictada por juez competente en proceso penal. La Corte Interamericana ya lo dijo, precisamente contra Venezuela, en el caso López Mendoza de 2011. Un funcionario administrativo no es un juez, y una resolución no es una sentencia.

Segunda trampa: la intervención de los partidos

La segunda es más sofisticada, porque opera en forma colectiva. Ya no se inhabilita a una persona: se interviene judicialmente a la organización que la postula, se le entrega la tarjeta a una directiva escogida desde el poder y, de un solo golpe, se deja sin opción a miles de militantes. De las treinta y siete organizaciones que figuraron en el tarjetón de la elección presidencial de 2024, trece habían pasado por procesos judiciales de ese tipo, incluido el Partido Comunista de Venezuela. Ese último dato merece atención, porque demuestra que el mecanismo no es ideológico: no castiga una idea, castiga la autonomía.

Tercera trampa, la más peligrosa: la ley

La tercera es la más grave, porque convierte la persecución en norma general. La llamada ley contra el odio llevó a la detención inconstitucional de cientos de personas por lo que dijeron o escribieron. La ley de fiscalización y control de las ONG pone en manos del Estado la disolución de las organizaciones que documentan los abusos. Y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, de 2024, castiga con penas de hasta treinta años de prisión, multas y hasta sesenta años de inhabilitación política a quienes promuevan sanciones contra el régimen o sus funcionarios.

Detengámonos en esa cifra. Sesenta años de inhabilitación no es una pena: es una muerte civil perpetua. Para casi cualquier ciudadano que la reciba significa no volver a elegir ni ser elegido en lo que le queda de vida. Ninguna democracia del mundo contempla algo semejante, y ningún tratado de derechos humanos lo tolera.

Por qué todo pasa por el Poder Judicial

Las tres trampas tienen algo en común: todas terminan en un tribunal. Es el Tribunal Supremo el que convalida las inhabilitaciones administrativas, el que interviene los partidos y el que aplica las leyes de persecución. Y fue la Sala Electoral la que, frente a las actas que demostraban el triunfo de Edmundo González Urrutia el 28 de julio de 2024, también aquí en Guárico, donde se ganó abiertamente, convalidó un resultado sin respaldo documental. En estos veintisiete años el Poder Judicial actuó como un gobierno, y como verdugo. Más del noventa por ciento de los jueces del país no ingresó por concurso, como lo ordena el artículo 255 de la Constitución, y un juez que puede ser removido mañana no protege hoy los derechos políticos de nadie.

De allí la importancia de lo que está ocurriendo. El pasado 15 de septiembre se publicó en Gaceta Oficial la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la cual se inicia la integración del Comité de Postulaciones para renovar a los treinta y dos magistrados. Los colegios de abogados y los colegios profesionales ya están haciendo su trabajo, y cuentan con representantes listos para acudir en el momento en que se abra el lapso de postulación.

El destornillador en otras manos

En Valle de la Pascua usé una imagen que quiero compartir. Este proceso de transición tiene una peculiaridad sin antecedentes: a los mismos que construyeron el engendro se les está entregando el destornillador y el martillo para que lo desarmen. Así como ellos usaron el Poder Judicial como palanca de amedrentamiento y de presión política, ese mismo Poder Judicial, reconstruido, debe servir para que lo que se decida por la vía electoral se cumpla.

Hay signos visibles. Se publicaron las leyes. Se abrieron espacios en algunos medios digitales. Salieron algunos presos políticos, aunque no será suficiente hasta que salgan todos, incluidos los colegas abogados que fueron perseguidos por ejercer la defensa, como el doctor Perkins Rocha: defender no es un delito. Pero nada de esto avanza por inercia. Por eso les pedí a quienes llenaron esas salas que no se quedaran con la información. Todos somos privilegiados por saber lo que está ocurriendo, y ese privilegio obliga a llevarlo a cada comunidad.

Después de veintisiete años de escuchar que ahí vamos, el país tiene derecho a desconfiar. La única respuesta honesta a esa desconfianza es mostrar, paso a paso, qué se desmonta y cómo. Ese es el propósito de esta gira, y seguiremos recorriendo Venezuela hasta que el último de esos obstáculos haya caído.