Sociedad Civil y alianza iberoamericana de juristas (UIBA) logran pronunciamiento de la ONU contra la impunidad estructural en Venezuela

 

Histórica alianza internacional logra que la ONU se pronuncie por una reforma judicial en Venezuela y rechaza el bloqueo del régimen a la ayuda humanitaria tras catastróficos terremotos

 

La UIBA y la sociedad civil venezolana agrupada en el POC urgen a Naciones Unidas a unir fuerzas por una Ley de Reparación para las Víctimas ante el colapso del sistema judicial venezolano. Al mismo tiempo, las organizaciones repudian de forma tajante que se impida el ingreso de rescatistas extranjeros en medio del luto nacional por el doblete sísmico del 24 de junio.

 

En un punto de inflexión para la diplomacia jurídica global, la sociedad civil venezolana ha logrado un respaldo de máxima envergadura internacional en el marco del 62.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados (UIBA) se ha sumado formalmente a la denuncia unificada presentada ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk., en una coalición internacional que urge la ejecución inmediata de reformas estructurales profundas frente al colapso absoluto del sistema de justicia en Venezuela y el desacato sistemático del régimen a los dictámenes e instrumentos de protección internacional.

En paralelo, las organizaciones repudian de forma tajante que se impida el ingreso de rescatistas y asistencia humanitaria internacional en medio del luto nacional por el mortal doblete sísmico.

Pilares de la justicia

Esta histórica acción conjunta de trascendencia jurídica e institucional une a la UIBA con los pilares de la resistencia técnica y civil dentro del país: el Programa de Organización Ciudadana (POC), la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, el Frente Amplio de Profesionales Internacional (FAPI) y la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV). Juntos, han articulado un frente común que expone la demolición del Estado de Derecho en Venezuela, logrando elevar el debate técnico hacia la exigencia de soluciones legislativas de fondo, tales como la creación de una Ley de Reparación para las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.

El Colapso Judicial bajo la lupa de la ONU

El sustento técnico de este reclamo internacional quedó validado por el propio terreno de Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH) reafirmó en su informe A/HRC/62/50 que la carencia absoluta de independencia judicial se mantiene como el obstáculo principal para salvaguardar los derechos fundamentales en el país. El documento de la ONU detalla vicios persistentes en el debido proceso, trabas extremas en el acceso a la justicia y un diseño institucional sometido al arbitrio político.

Asimismo, la ONU manifestó su honda preocupación por la opacidad del actual proceso de supuesta reforma emprendido por las autoridades venezolanas. El organismo internacional exige mecanismos transparentes de cooptación y nombramiento de magistrados basados estrictamente en el mérito, el fin de las políticas corporativas de impunidad y el establecimiento de recursos financieros y jurídicos efectivos para atender a los afectados.

Una alianza sin precedentes frente al desacato del régimen

La incorporación de la UIBA a las demandas del POC, la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, el FAPI y la CONFEPUV dota a la sociedad civil de una plataforma de defensa global. Durante los debates interactivos en Ginebra, la comunidad internacional validó este esfuerzo. Gobiernos democráticos y organizaciones de peso global como Amnistía Internacional, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), UN Watch, Lawyers for Lawyers, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la International Bar Association (IBA) ratificaron al unísono que la independencia del Poder Judicial no es negociable para desmantelar la impunidad.

El pronunciamiento de Matthias Behnke, Director para las Américas de la ACNUDH, blindó la postura de la coalición ciudadana. Behnke fue enfático al declarar que Venezuela requiere de manera urgente resultados tangibles en el terreno y no "cambios cosméticos" o maniobras selectivas de court packing (empaquetamiento o aumento artificial de tribunales) ejecutadas para perpetuar el control político de las cortes por parte del Ejecutivo. Para la ONU, el nivel de cumplimiento de las sentencias internacionales dictadas contra el Estado será el termómetro real del progreso del país.

Propuesta de Ley de Reparación: de la denuncia a la acción

Gracias a los datos recopilados e impulsados por el POC, la Federación de Colegios de Abogados, el FAPI  y la CONFEPUV, se presentó formalmente la Propuesta de Ley de Reparación para las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos. Concebida como una herramienta técnica para instrumentalizar las directrices de la ACNUDH, la norma busca erigir un blindaje legal integral.

La propuesta legislativa abarca el resarcimiento formal e institucional para víctimas de persecución política, detenciones arbitrarias, torturas, crímenes contra comunidades indígenas y daños ecocidas de gran escala. Además, exige la obligatoriedad de acatar las decisiones de organismos universales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Sistema Interamericano. No obstante, los proponentes aclaran un axioma jurídico básico: ninguna ley será operativa si las cortes continúan operando como apéndices partidistas.

El caso García Bolívar:  símbolo de la Impunidad Institucionalizada

La urgencia de esta intervención internacional se manifiesta en patrones concretos de desacato. La nota técnica presentada ante la ONU resalta la persistencia del incumplimiento de la Comunicación No. 2085/2011 (García Bolívar vs. Venezuela). A más de once años de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ordenara reparar los daños al ciudadano afectado, el Estado venezolano mantiene una parálisis absoluta. Esto se suma a la mora procesal y evasión de la Petición P-13.502 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La alarma internacional escaló tras la reciente actuación del magistrado Elías Bittar, quien mediante un dictamen judicial desconoció frontalmente los compromisos internacionales derivados de dicha comunicación de la ONU. Para los gremios de abogados nacionales e internacionales, este acto constituye una aberración jurídica que evidencia por qué el sistema actual requiere una cirugía estructural urgente y no reformas superficiales.

Doble crisis:  el Luto Nacional por el sismo y el repudio al bloqueo humanitario

Mientras la batalla legal se libra en los organismos multilaterales, Venezuela enfrenta una catástrofe humana en su propio territorio. Las organizaciones aliadas manifestaron el dolor y el luto absoluto del pueblo venezolano tras el devastador doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio. Este desastre natural ha dejado un saldo desgarrador de decenas de cientos de víctimas fatales, miles de heridos y una masa crítica de ciudadanos que lo han perdido todo y carecen de un hogar.

Ante esta emergencia humanitaria extrema, el Programa de Organización Ciudadana (POC), el Frente Amplio de Profesionales Independientes (FAPI) y la CONFEPUV manifestaron su rechazo más enérgico e indignado ante la actuación del régimen venezolano. Las organizaciones denuncian de forma pública e internacional los bloqueos inhumanos impuestos a la ayuda humanitaria global y los impedimentos deliberados colocados a equipos de rescatistas de alta especialización, incluyendo personal técnico de los Estados Unidos, a quienes se les ha negado el ingreso o la operatividad para salvar vidas atrapadas en las zonas de desastre.

Para estas agrupaciones, criminalizar o bloquear la asistencia civil y técnica internacional en medio de una tragedia natural no solo demuestra una total falta de sensibilidad humana, sino que constituye una extensión de la violación sistemática al derecho a la vida y a la salud de la población golpeada por el sismo.

Un consenso irreversible

La iniciativa de la sociedad civil venezolana y el gremio técnico, robustecida por la UIBA, ha llevado la información técnica de estas vulneraciones ante el Departamento de Estado de los EE. UU., congresistas norteamericanos, el Parlamento de Canadá y redes globales de juristas. El mensaje emanado de Ginebra es inequívoco: el colapso judicial y el bloqueo de la ayuda humanitaria en momentos de luto nacional sitúan al aparato estatal venezolano bajo un escrutinio internacional sin precedentes. La independencia judicial y el auxilio oportuno a los ciudadanos son las únicas vías para el restablecimiento de la dignidad y la justicia en Venezuela.