La abogacía se puso de acuerdo: de la renovación del Tribunal a la reconstrucción del sistema

 

La renovación del Tribunal Supremo de Justicia ofrece una oportunidad, pero encierra también un riesgo: confundir la renovación de personas con la transformación de las instituciones. La historia demuestra que sustituir funcionarios no transforma necesariamente el sistema. Por eso la discusión nacional debe avanzar desde la pregunta de quiénes serán los nuevos magistrados hacia otras tres: qué sistema recibirán, cómo funcionará ese sistema y cómo sabremos, dentro de un año o mediano plazo, que verdaderamente cambió.

Tres niveles de reforma

Las propuestas que la abogacía viene formulando pueden ordenarse alrededor de esas preguntas. El primer nivel responde a quién recibe la justicia: postulaciones abiertas, selección por mérito, transparencia de credenciales y una novedad importante: audiencias públicas, transmitidas y documentadas, en las que los candidatos finalistas expliquen su concepción de la independencia judicial, su trayectoria y sus eventuales conflictos de interés. No para interrogarlos políticamente ni para exigirles compromisos sobre casos futuros, sino precisamente para lo contrario: comprobar que entienden que un magistrado no representa al sector que lo postuló ni al gobierno de turno. Una magistratura no es una representación política; es una responsabilidad constitucional.

El segundo nivel responde a qué justicia recibe: el inventario de pasivos judiciales y de derechos humanos, las decisiones internacionales incumplidas, las víctimas pendientes de reparación, en especial los presos políticos y los casos extraordinariamente prolongados.

El tercer nivel, el que quiero destacar hoy,  responde a cómo evitamos repetir lo pasado.  Porque cambiar personas sin conocer los pasivos puede significar heredar los problemas; y conocer los pasivos sin cambiar las instituciones puede significar repetirlos.

Lo que hace falta para que no vuelva a ocurrir

Algunas medidas deben establecerse a lo interno del TSJ, pero también a lo que viene: la transformación del Poder Judicial insertando a jueces por concurso, pues más del 90 % actualmente son accidentales, provisorios. Seis medidas concretas resumen ese tercer nivel. La trazabilidad pública de los expedientes, para que cualquier parte pueda conocer electrónicamente la historia de su causa: fecha de ingreso, tribunal, juez asignado, actuaciones, decisiones y tiempo transcurrido. El principio es simple: ningún expediente debería poder desaparecer dentro del sistema, y cada retraso extraordinario debería ser identificable.

La distribución objetiva y auditable de los casos, con reglas previamente conocidas y excepciones documentadas. El ciudadano debe poder confiar no solo en que el juez será independiente, sino en que ese juez no fue escogido especialmente para su caso. La publicación sistemática de las sentencias en una base pública y consultable, porque una justicia que aspira a recuperar la confianza debe ser una justicia que pueda ser observada.

Un Plan Nacional contra el Retardo Judicial que empiece por los asuntos sin decisión durante períodos excepcionalmente prolongados, no para decidir apresuradamente sino para impedir que el paso indefinido del tiempo siga funcionando como una forma de denegación de justicia. Un mecanismo protegido para que un juez que reciba instrucciones indebidas políticas, económicas o jerárquicas,  tenga dónde denunciarlas, con garantías tanto para quien denuncia como para el denunciado. Y un régimen disciplinario que distinga con claridad dos cosas que hoy se confunden: ningún juez puede ser sancionado por decidir de manera independiente, pero todo juez debe responder por corrupción, abuso o incumplimiento deliberado de sus deberes.

A ello se añade lo que considero decisivo: la reforma debe descender de la cúspide a la base. El ciudadano no se encuentra con el Tribunal Supremo cuando busca justicia; se encuentra primero en los tribunales territoriales, que se encuentran en los municipios, luego vienen los tribunales de instancia (estadales).  Sin concursos, criterios objetivos de ingreso y ascenso y garantías razonables de estabilidad, tendremos una reforma aparente y no una nueva justicia. Y sin autonomía administrativa y presupuestaria, un poder judicial formalmente independiente sigue siendo vulnerable por la vía del presupuesto, las remuneraciones y los ascensos.

 

 

Cómo sabremos si funcionó

Una reforma debe poder demostrar que funciona. Por eso se propone mantener una política de revisión de casos aleatorios, escogidos con criterios objetivos y no políticos, que permitan comprobar si una persona obtiene ya una decisión en plazo razonable, si las decisiones se ejecutan, si se cumplen las obligaciones internacionales pendientes y si un ciudadano puede enfrentarse al Estado ante un tribunal verdaderamente independiente. La revisión de los casos aleatorios, convierten palabras abstractas como independencia o tutela judicial efectiva en resultados observables.

Se propone además un registro público de implementación, qué se prometió, quién es responsable, cuándo debía ejecutarse y qué se hizo, una unidad técnica temporal encargada de coordinar y documentar la ejecución, y evaluaciones independientes a los seis y a los doce meses. Porque la reforma judicial no debería terminar con la juramentación de un nuevo Tribunal Supremo: ese debería ser el momento en que realmente comienza.

Una asamblea histórica en la Urbanización El Paraíso de Caracas.

Nada de esto avanza sin una fuerza organizada que lo empuje, y esta semana resurgió.  La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela convocó el jueves 3 de septiembre a una asamblea con todas las instituciones que integran la abogacía organizada, en la histórica sala de reuniones del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, en la avenida Páez de El Paraíso, con la asistencia presencial de cerca del noventa por ciento de los representantes de los estados. Me correspondió participar y sirva este artículo público como informe a rendir al país, a los integrantes de la Asamblea Nacional 2015 que preside la Dra Dinorah Figuera, a la Mesa de Diálogo Nacional y los aliados.

El primer punto fue el más doloroso: se acordó mantener y ampliar los apoyos por la tragedia del doble terremoto del 24 de junio. Según informó el presidente del Colegio de Abogados de Vargas, los colegas fallecidos y desaparecidos superan el centenar. Cien abogados. De allí el compromiso de acompañar a sus familiares con el máximo esfuerzo del gremio.

El segundo punto debatido,  fue el proceso de designación de los treinta y dos magistrados y sus suplentes. A pesar de la diversidad de criterios, que los hubo, se produjo una decisión unitaria: la Federación y los Colegios de todos los estados actuarán en unidad para asumir el rol constitucional y legal que les corresponde, en representación de casi cuatrocientos mil abogados. Las decisiones de la Mesa de Diálogo no solo fueron respaldadas: el gremio postulará candidatos al Comité de Postulaciones Judiciales y a la Comisión de Revisión de Credenciales, y los Colegios de cada estado actuarán como facilitadores para que los aspirantes idóneos reciban apoyo. Se acordó también trabajar juntos con los  sindicatos tribunalicios,  los estudiantes y profesores de las facultades de derecho y  la academia.

Por su parte, el Programa de Organización Ciudadana y CONFEPUV, seguirá apoyando en la organización de  asambleas ciudadanas, y el Frente Amplio Profesional Internacional, FAPI,  apoyará a los abogados venezolanos en el exteri  las condiciones constitucionales y legales. Recuerde el lector su propio papel de contraloría: publicado el listado de preseleccionados, se abre un lapso de quince días para que cualquier ciudadano puerta presentar observaciones y denuncias con el debido sustento probatorio.

Fue una asamblea ejemplar. Después de años de fragmentación, la abogacía venezolana se puso de acuerdo en lo esencial. Ahora falta lo más difícil: que la renovación del Tribunal se convierta en reconstrucción del sistema.