Una transición política exige una justicia en transición

 

Las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Programa de Organización
Ciudadana (POC), más de veinticinco organizaciones de dentro y fuera de Venezuela, bajo el
liderazgo de la Confederación de Profesionales y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV) y del
Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI), con la actuación de la abogacía organizada
coordinada por la doctora Clara Inés Vallecillos, miembro del Directorio de la Federación de
Colegios de Abogados de Venezuela, hemos presentado un conjunto de propuestas concretas
sobre uno de los temas que las partes anunciaron en la agenda de la mesa instalada el 1 de
agosto: la justicia.
No lo hacemos por iniciativa propia ni desde afuera. Lo hacemos a petición expresa de la
presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, doctora Dinorah Figuera, quien el 20 de julio
convocó públicamente a todos los sectores democráticos a participar y aportar propuestas para
enriquecer la hoja de ruta orientada a la reinstitucionalización del país y a una transición
electoral pacífica. Ese llamado no fue retórico, y la sociedad civil organizada respondió como
corresponde: con trabajo técnico, no con consignas.

Lo primero es lo primero: los terremotos

Conviene decirlo antes que cualquier otra cosa, porque así lo entienden las organizaciones de

corte social que integran esta plataforma. El primer punto de la agenda anunciada —la

tragedia ocasionada por los dos terremotos del 24 de junio y sus consecuencias— es el

más importante y el más urgente.

Miles de familias venezolanas perdieron a los suyos, sus casas y sus medios de vida. Hay

ciudades que siguen sin servicios elementales, escuelas que no han reabierto, hospitales

operando por encima de su capacidad y un país que descubrió, en el peor momento posible,

cuán poco puede esperar de sus instituciones cuando más las necesita. Ninguna discusión

sobre arquitectura institucional tiene sentido si se conduce de espaldas a esa realidad. La

reconstrucción física y la atención a las víctimas deben encabezar la agenda, y quienes

proponemos reformas institucionales tenemos el deber de decirlo con claridad, aunque nuestro

tema sea otro.

Ahora bien: no hay reconstrucción sin instituciones que la sostengan. Los contratos de

reconstrucción, la ayuda internacional, la restitución de bienes, los reclamos de damnificados y

las controversias que inevitablemente surgirán terminarán, todos, ante un tribunal. Preguntarse

hoy qué juez resolverá esas causas no es un desvío del tema urgente: es parte de él.

Paciencia, sí; pero no inmovilidad

El secretario de Estado Marco Rubio pidió este 1 de agosto, con franqueza que se agradece,

comprensión sobre los tiempos del proceso. Reconoció que no vivimos en una era de

paciencia, pero recordó que estas cosas llevan tiempo, y que se trata de un sistema que lleva

más de veintisiete años funcionando, con raíces profundas. También precisó el papel de este

programa: facilitador del proceso, no sustituto de los actores venezolanos.

Compartimos el diagnóstico y aceptamos la advertencia sobre los plazos. Pero pedimos que se

distinga entre dos cosas que suelen confundirse: la paciencia con el ritmo del proceso no

puede convertirse en pasividad ante lo que se consolida mientras el proceso avanza.

Porque hay algo que no está esperando. Mientras la mesa se instala, sigue en marcha un

proceso de designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En mayo se reformó

la Ley Orgánica del máximo tribunal para elevar de veinte a treinta y dos el número de

magistrados, ampliando la Sala Constitucional de cinco a siete integrantes. En junio se publicó

el listado de aspirantes y transcurrió el lapso de impugnaciones. Son designaciones por doce

años.

Si esa operación se consuma antes de que la mesa produzca su hoja de ruta, la Venezuela

democrática que nazca de las elecciones por venir encontrará un Poder Judicial ya asignado

por una década completa. Ningún órgano actual tiene legitimidad para comprometer al país por

doce años. Y todos sabemos, por experiencia propia, que es infinitamente más barato

suspender hoy que revertir mañana.

Lo que hemos propuesto

De ahí las medidas que el POC ha planteado y que reposan ya en manos de la presidenta de la

Asamblea Nacional de 2015, del Departamento de Estado, de legisladores estadounidenses y

de organismos internacionales:

Una moratoria legal —no un exhorto— sobre toda designación de magistrados y altas

autoridades judiciales hasta que una Asamblea Nacional legítimamente electa proceda

conforme a la Constitución, salvo que la Mesa utilice un medio constitucional para la

designación. En el proceso de transición, hay que buscar las medidas para que haya

funcionamiento regular de la justicia ordinaria con las garantías necesarias: amparos, hábeas

corpus, causas laborales, penales, de familia y otras, siguen su curso sin interrupción.

Una Comisión Judicial de la Transición con plazo perentorio, extinción automática y

competencias taxativas, que evalúe individualmente —con criterios públicos previos, derecho a

la defensa y recurso— a los operadores de justicia. No una purga: una evaluación. Reforma

judicial no es persecución política; la primera fortalece la democracia, la segunda la destruye.

Jueces designados por concurso público, abreviado en el tiempo pero íntegro en el

procedimiento, tal como manda el artículo 255 de la Constitución, incumplido durante veintisiete

años.

Una Ley de Tribunales en Transición que dé fuerza vinculante a todo lo anterior, en lugar de

dejarlo librado a la buena voluntad.

Todo ello con acompañamiento internacional técnico y no sustitutivo. La Unión Iberoamericana

de Colegios y Agrupaciones de Abogados, que agrupa a la abogacía de veintidós países, ya

ofreció formalmente observadores, metodología y expertos. Los observadores pueden estar

presentes; los jueces los eligen los venezolanos.

Una precisión necesaria

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia señalaron en comunicado público que no

participaron en el diseño ni en la construcción de esta mesa. Pero fueron igualmente claros en

algo que conviene subrayar: no serán obstáculo a ninguna iniciativa que produzca

avances reales, y evaluarán el proceso por sus logros concretos y verificables —recuperación

institucional, liberación de los presos políticos, garantías sin exclusiones y un cronograma

electoral oportuno.

Es una posición legítima y, a nuestro juicio, útil. Cualquier avance verificable en el camino de la

libertad y de la institucionalización, que conduzca a elecciones con condiciones garantistas,

será un beneficio para el pueblo venezolano. Ese es el criterio con el que también nosotros

mediremos esta mesa.

Estaremos atentos

La plataforma social venezolana estará atenta al llamado de la Mesa y dispuesta a comparecer

con propuestas, no con reclamos. Hemos hecho el trabajo técnico. Está escrito, está

fundamentado en la Constitución —particularmente en su artículo 333, que impone a todo

ciudadano, investido o no de autoridad, el deber de colaborar en el restablecimiento de la

vigencia efectiva de la Carta Magna— y está a disposición de quienes se sentaron a negociar

el futuro del país.

Solo pedimos que la justicia no se deje para después. Las transiciones se ganan o se pierden

en el Poder Judicial, y eso casi siempre se descubre demasiado tarde.