UNA CONVOCATORIA QUE LA SOCIEDAD CIVIL NO PUEDE IGNORAR: JUSTICIA EN TRANSICIÓN.
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Sin un poder judicial independiente no habrá elecciones confiables, ni inversión segura, ni reparación para las víctimas, ni transición que dure. Venezuela tiene hoy lo que no tuvo en un cuarto de siglo: voluntad internacional, recursos comprometidos y una mesa política en formación. Que esa oportunidad no se pierda por no atender lo más urgente: reconstruir la justicia.
Propuesta de la sociedad civil organizada para la Comisión Parlamentaria AN 2015 – AN 2025
El 20 de julio de 2026, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, lanzó un
llamado público que merece una respuesta a la altura del momento histórico que vive Venezuela.
Desde la AN 2015 convocaremos a todos los sectores democráticos a participar y aportar sus
propuestas para enriquecer esta hoja de ruta, orientada a la reinstitucionalización del país y a una
transición electoral pacífica y democrática, afirmó. El secretario de Estado de los Estados Unidos,
Marco Rubio, fue igualmente explícito: Para que Venezuela tenga la reconciliación que ese país
requiere para avanzar en todos los demás proyectos, cada elemento de la sociedad venezolana
necesita estar representado.
El Programa de Organización Ciudadana (POC), la Confederación de Profesionales Universitarios y
Técnicos de Venezuela (CONFEPUV), el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI) y bajo el
liderazgo de mi oficina parlamentaria, donde participé en la Comisión Permanente de Política Interior,
como presidente de la subcomisión de justicia, respondemos a esa convocatoria con una propuesta
concreta, elaborada colectivamente y fundamentada en estándares internacionales: una hoja de ruta
para la justicia en transición, presentada formalmente a la presidenta Figuera y remitida al
Departamento de Estado de los Estados Unidos —en comunicaciones dirigidas al subsecretario Michael
Kozak y a la oficial WHA/AND-Venezuela el 16 de julio de 2026—, así como a organismos
internacionales y parlamentarios estadounidenses.
EL DIAGNÓSTICO QUE NO PUEDE IGNORARSE
Venezuela tendrá una hoja de ruta electoral. Carece todavía de hoja de ruta judicial. Y esa omisión no
es un detalle técnico: es la grieta por donde puede derrumbarse todo lo demás.
El 85% de los jueces venezolanos ejerce en condición provisional, temporal o accidental, incompatible
con cualquier estándar internacional de independencia. El World Justice Project ubica a Venezuela en
el último lugar mundial en Estado de Derecho por años consecutivos. La Misión Internacional
Independiente de la ONU alertó en marzo de 2026 que "se mantiene el andamiaje institucional que
facilitó violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pese al cambio en la jefatura del Estado".
La Comisión Interamericana señaló en julio de 2026 ante el Congreso de los Estados Unidos que persiste un nivel extremo de impunidad.
A ello se suma una preocupación urgente: antes de que se haga pública la hoja de ruta anunciada para
después del 1 de agosto, continúan adelantándose procesos para designar magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia con períodos de doce años, impulsados por un órgano —la Asamblea Nacional de
2025— que carece de la legitimidad de origen reconocida por los Estados Unidos y la comunidad
democrática. Permitirlo equivale a hipotecar la democracia venezolana por una década antes de que
comience.
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Es necesario la división de los Poderes Nacionales y cada uno se respeten sus competencias, que claramente lo establece nuestra Carta Magna Venezolana. El Poder Judicial merece respeto y que sea ejercido por funcionarios probos, ya basta de tantas violaciones de las normas jurídicas y un TSJ que ejerce las funciones para violar los Derechos Humanos de los venezolanos.
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