Venezuela, Estado fallido: la variable económica sola no resuelve el problema

Desde el 3 de enero de 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ejecuta un esquema para gestionar la situación política y económica de Venezuela articulado en tres fases:
estabilización, recuperación y transición. Ese esquema parte de un diagnóstico que los venezolanos conocemos en carne propia: Venezuela es hoy un Estado fallido. A esa realidad se sumaron los devastadores terremotos del 24 de junio, los más destructivos en más de un siglo, con miles de fallecidos, decenas de miles de desaparecidos y heridos, y el estado Vargas declarado zona de desastre natural. Este artículo es una alerta al país, a los aliados
internacionales y a los parlamentarios de los Estados Unidos: la estabilización económica es indispensable, pero la variable económica, por sí sola, no resuelve el problema venezolano.

Un Estado sin poderes públicos legítimos

La radiografía institucional no admite eufemismos. Los poderes Ejecutivo y Judicial están

tomados por los herederos del régimen. En Miraflores gobierna una presidenta encargada

designada no por el voto popular ni por el Parlamento, sino por sentencia de un Tribunal

Supremo de Justicia integrado por magistrados nombrados por el propio régimen, bajo la figura

de una “ausencia forzosa” que la Constitución no contempla. El pasado 3 de julio venció,

además, el plazo máximo de ciento ochenta días previsto en el artículo 234 constitucional para

las faltas temporales del Presidente de la República, sin que la Asamblea Nacional del régimen

se haya pronunciado sobre la falta absoluta ni se hayan convocado las elecciones que ordena el

artículo 233. Lo que ejerce el poder es, en rigor, un Ejecutivo de facto con el mandato vencido.

El Poder Judicial, por su parte, dejó de existir como poder independiente. Los informes de la

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos —incluido el

rendido hace pocos días— documentan de manera sostenida la falta de independencia e

imparcialidad del sistema de justicia, los jueces provisorios removibles a discreción y el uso del

aparato penal para perseguir a la disidencia. Y el Poder Legislativo se encuentra “compartido”:

de un lado, la Asamblea Nacional electa en 2015, última institución con legitimidad de origen

incuestionable; del otro, el Parlamento surgido en 2025 de procesos sin garantías, que usurpa de

hecho la función legislativa. Ninguno puede ejercerla plena y pacíficamente, y esa duplicidad es

el síntoma más visible de la ruptura del orden constitucional.

El terrorismo de Estado persiste

Quienes hoy diseñan la recuperación económica de Venezuela deben poner en su justa

dimensión un hecho que la propaganda pretende ocultar: el terrorismo de Estado persiste. Los

presos políticos no han sido totalmente liberados. Hay evidencias de que se mantienen las

violaciones sistemáticas de los derechos humanos utilizando la estructura del Estado, tal como

lo confirma el último informe del Alto Comisionado de la ONU. Y el sistema de justicia sigue

siendo utilizado como instrumento de esas acciones.

La prueba más reciente es la designación en curso de nuevos magistrados del Tribunal Supremo

de Justicia sin cumplir las pautas constitucionales y legales que garantizan su independencia. Se

repite así la vieja práctica de sustituir altos funcionarios con agentes de sectores del régimen: se

cambian los nombres, no el modelo. Una reforma judicial sin independencia real no es reforma;

es continuidad con otro rostro. Ningún programa de estabilización económica puede darse por

exitoso mientras el aparato de justicia siga al servicio de la persecución política.

La emergencia humanitaria exige un programa asistencial inmediato

Los niveles de pobreza en Venezuela alcanzan cotas críticas, agravadas ahora por la destrucción

que dejaron los terremotos del 24 de junio. Es indispensable paliar la crisis humanitaria

compleja con programas de asistencia dirigidos a los sectores más vulnerables —niños, adultos

mayores y pueblos indígenas—, con supervisión de organismos multilaterales como la ONU y la

OEA que garanticen que la ayuda llegue efectivamente a la población, hasta tanto tomen

posesión las autoridades que resulten del proceso electoral ya anunciado. La reconstrucción

física del país y la protección de los más débiles no pueden quedar como rehenes del cálculo

político de quienes ejercen el poder de facto.

Una propuesta ante el Congreso de los Estados Unidos

Frente a este cuadro, el Programa de Organización Ciudadana (POC), que agrupa a más de

veinticinco organizaciones sociales dentro y fuera del país bajo el liderazgo de la Confederación

de Profesionales y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV) y del Frente Amplio Profesional

Internacional (FAPI), ha enviado propuestas a los parlamentarios norteamericanos para

impulsar medios sustitutivos de gobierno provisional que reemplacen a la heredera de Maduro:

un mecanismo colegiado, transitorio y con plazos definidos, inspirado en la Junta de Gobierno

de 1958 y en el Estatuto de la Transición de 2019, integrado por personalidades de reconocida

solvencia ética de la academia, los gremios y la sociedad civil, cuyo único mandato sea garantizar

la continuidad del Estado, preservar los servicios esenciales y conducir al país a elecciones

libres, competitivas y verificables, con acompañamiento técnico internacional.

La alerta

Los venezolanos compartimos la necesidad de estabilizar la economía: sin esa palanca inicial no

hay salida posible de la crisis. Pero sería un error histórico que las fases de estabilización y

recuperación se conviertan en un fin en sí mismas, normalizando a un Ejecutivo de facto con el

mandato vencido, a un Poder Judicial capturado y a un Parlamento usurpado. La experiencia

venezolana de las últimas décadas enseña que todo alivio económico administrado por las

mismas estructuras del régimen termina financiando su permanencia.

Por eso esta alerta: que el país, los aliados internacionales y el Congreso de los Estados Unidos

incorporen a su hoja de ruta, junto a la variable económica, las variables de la persistencia de las

violaciones de derechos humanos, la falta de independencia del nuevo TSJ y la atención

humanitaria de los más vulnerables. Un Estado fallido no se rescata solo con divisas: se rescata

restableciendo el Estado de Derecho. La economía es la palanca; la democracia, el destino.